La pobreza infantil necesita un Pacto de Estado

"La crisis es que no tenemos mucho dinero, no tenemos mucha comida, pedimos a amigas de mi madre que nos den ropa" (9 años). “En casa nos faltan cosas que antes veía mucho, como los refrescos y más cosas” (8 años). "Me afecta en que cada día estoy más triste. A mi familia en que cada día tienen más problemas con los bancos" (8 años). "Ya no me compran juguetes, mis padres discuten porque no tienen dinero" (9 años). Estos son algunos ejemplos de  testimonios de niños y niñas a los que se ha preguntado por la crisis y su impacto en sus vidas.

 

Sus palabras conscientes y responsables entroncan con muchos acontecimientos que, en los últimos meses, están poniendo a los niños, niñas y adolescentes en el foco de las preocupaciones sociales. El último de ellos es la detección por las organizaciones sociales y las administraciones públicas de un número creciente de casos de familias que tienen problemas para atender adecuadamente la alimentación de sus hijos.
 
Este tema, aun siendo grave y capaz de movilizar la conciencia social como pocos, no es un hecho aislado, sino un síntoma (aún por cuantificar en la mayoría de los casos) del progresivo empobrecimiento de los hogares en España, con un  impacto especial en los hogares con niños. Según Cruz Roja, el principal factor de riesgo entre los niños y niñas a los que ha atendido en 2011 ha sido la falta de recursos, a considerable distancia de otros factores.
 
En la última década ha aumentado la pobreza infantil en España y en Europa. Ya en 2005 un informe de UNICEF sobre pobreza infantil en los países ricos llamaba la atención sobre  el tema: la pobreza de los niños se estaba haciendo más amplia y más intensa en buena parte del mundo rico. 
 
Desde entonces no han faltado estudios y testimonios de esta realidad, como el informe de FOESSA de 2006 para el caso español, el seguimiento que se da a los niños en los informes sobre la Vulnerabilidad Social de Cruz Roja o numerosos estudios de la OCDE y de la Unión Europea al respecto, que situaban, y sitúan, a España en una situación preocupante en el contexto de los países industrializados. 
 
Y es que en nuestro país los datos anteriores a la crisis eran ya tan preocupantes como poco conocidos. La información estadística  desde 1994 hasta 2009 estimaba la tasa de riesgo de pobreza infantil en torno al 24%. Una tasa muy elevada que situaba a España en 2009 entre los cinco países con mayor nivel de pobreza relativa de la Europa de los 27. Los datos más recientes, de 2011, nos sitúan sólo por delante de Bulgaria y Rumanía, con un 27,2% de niños que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza.
 
¿Y qué está ocurriendo en la crisis? Además del crecimiento en más de tres puntos porcentuales respecto a 2009, varios indicadores nos muestran que los niños y las niñas están sufriendo de una manera especialmente grave el impacto de ésta. En 2010 los menores de 18 años fueron el grupo de edad en que la tasa de pobreza era más alta, superando por primera vez a los mayores de 65 años.  El número hogares con niños en los que ninguno de los adultos  tiene trabajo creció entre 2007 y 2012 en un 169%, frente al 60% de crecimiento en los hogares sin niños. Y además su pobreza es más intensa y más crónica. En resumen: los niños bajo el umbral de la pobreza son ahora más (nos acercamos a los 2.300.000), más pobres y durante más tiempo.
 
Pero el problema de la pobreza cada vez más visible de niños y niñas no sólo responde al impacto de la crisis en forma del desempleo de los progenitores, sino también a las decisiones sobre políticas públicas de casi todas las administraciones.
 
Las políticas de austeridad tienen como correlato la disminución de la capacidad protectora en ámbitos tan sensibles para los niños y sus derechos como las becas escolares, las ayudas para libros, el material escolar y las becas de comedor (que en un número significativo de familias consigue equilibrar la nutrición infantil) y las ayudas sociales dirigidas a las familias. O el incremento de los impuestos, del coste y el copago de productos o servicios que afectan mucho a los hogares con niños (por ejemplo: el IVA, el transporte público, la energía o el coste de los medicamentos).
 
Como organizaciones que trabajamos con la infancia, tenemos que señalar que el impacto de estas medidas se percibe ya con crudeza en un sector de la población tan sensible como son los niños y las niñas. Y aún más en colectivos infantiles en situación de especial vulnerabilidad, entre ellos los niños con discapacidad, los gitanos o los de origen extranjero.
 
Las familias con niños sacrifican muchas cosas por mantener unos niveles básicos de bienestar para sus hijos e hijas. Pero si el empleo, los ahorros y las prestaciones se agotan, las becas y las ayudas menguan o incluso la ayuda familiar se acaba, se ven en la situación de tener que reducir sus gastos en aspectos tan elementales como la comida o, por ejemplo, renunciar a su vivienda. En resumen: no es un problema de solo de nutrición, es un problema de recursos y falta de apoyo a los hogares con niños. Y también es un problema del enfoque de las políticas públicas.
 
Por eso, volviendo al principio, no confundamos el síntoma con la enfermedad. Los problemas de calidad de la nutrición son la punta del iceberg  de la falta de redes protectoras en nuestro estado del bienestar para uno de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad: la infancia. 
 
Sólo la capacidad protectora de un sistema universal, fruto de un consenso político de largo recorrido, como el sistema de pensiones, consigue contener el riesgo de exclusión social en muchas personas mayores y sus familias. La infancia precisa también un sistema universal de protección, fruto de un consenso similar, con visión de Estado a medio y largo plazo. 
 
Pero, ¿qué es lo que debemos proteger a toda costa? Aun reconociendo la complejidad que esconden, se trata de cosas sencillas, basadas en necesidades y derechos. Son metas necesarias y a la vez  líneas rojas que ningún Estado debería sobrepasar y que se pueden resumir en cinco propósitos que bien pudieran ser objeto de un pacto político y ciudadano contra la pobreza infantil
 
  • Ningún niño ni niña sin acceso a los alimentos y elementos materiales necesarios y adecuados para su desarrollo.
  • Ningún niño sin una vivienda digna.
  • Ningún niño sin un acceso completo y en igualdad de oportunidades a la educación.
  • Ningún niño sin acceso a una sanidad de calidad y en igualdad de condiciones.
  • Ningún niño sin la protección adecuada ante el desamparo o la violencia.
 
Sería necesario asumir este pacto no sólo por parte de los partidos políticos y de las administraciones, sino también por la sociedad en su conjunto. Vivimos en un país que es todavía reconocido por la calidad de las relaciones entre padres e hijos y por la fortaleza de sus redes de apoyo familiar, y que sin embargo (y quizás por eso) se ha caracterizado históricamente por una deficitaria inversión en políticas sociales dirigidas a la familia y la infancia. Políticas que en estos tiempos de crisis han demostrado su inconsistencia y fragilidad. 
 
Las comparaciones internacionales nos dicen que es posible luchar contra la pobreza infantil, incluso en estos tiempos. Que la reducción de la pobreza en los niños tiene más que ver con las decisiones políticas y las prioridades públicas que con la marcha general de la economía o el nivel de ingresos de los países. Los datos de Eurostat nos dicen que Francia, Hungría o la República Checa son capaces de reducir, mediante la intervención pública, sus respectivos niveles de pobreza infantil a la mitad, mientras que Italia y España apenas lo hacen en una cuarta parte, y que todos los países de la UE excepto Grecia son más eficaces que nosotros en esta tarea.
 
Por eso, el compromiso debe empezar a cambiar lo que era necesario transformar hace ya tiempo: asumir que la protección y el desarrollo de los niños son un tema de todos, no sólo de sus familias. Y que los impactos negativos en su bienestar y sus derechos no son sólo un problema ético o de derechos humanos, sino que también son y serán impactos negativos en el bienestar económico y social de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Y la oportunidad de comenzar en ese camino es ahora. En este momento el Gobierno está elaborando el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 y se ha comprometido públicamente a que la pobreza infantil sea una prioridad en este documento. Desde varias organizaciones y plataformas hemos propuesto 32 medidas para este Plan estrechamente ligadas al enfoque de la reciente Recomendación sobre Invertir en Infancia que ha hecho Comisión Europea a los países miembros. Para todo ello, y dentro de la lucha más amplia contra la pobreza en general,  es necesario también contar con los recursos adecuados, entre ellos conseguir el destino del 20% de los Fondos Estructurales de la Unión Europea a este fin. 
 
Las mencionadas propuestas van desde la revisión de la carga impositiva de las familias a la compensación de gastos familiares mediante el incremento de becas y ayudas, pasando por  la eliminación de obstáculos para el acceso a derechos básicos (como el derecho a una nutrición adecuada, a la educación, a la salud y a una vivienda digna). Junto a éstas, otras propuestas se centran en la mejora de la conciliación o en la participación de los propios niños y niñas, y sus familias, en el diseño de las políticas. Propuestas realizadas desde el convencimiento de que la inversión en infancia  es una apuesta ineludible en estos momentos, y uno de los mejores antídotos frente a ésta y futuras crisis.
 
Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig, Presidente  
CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Pilar Villarino, Directora Ejecutiva
EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), Carlos Susías, Presidente 
Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente, Presidente 
Plataforma de Organizaciones de Infancia, Carlos Martínez-Almeida, Presidente. 
Proyecto Solidario, Adolfo Lacuesta, Presidente. 
Save the Children, Alberto Soteres, Director General  
UNICEF Comité Español, Javier Martos, Director Ejecutivo