PGE 2021: la perspectiva de infancia es clave para la recuperación
Aplaudimos el aumento del gasto estricto en infancia pero nos preguntamos si será suficiente para amortiguar los efectos de la crisis por COVID-19 en las familias con niños.
11/11/2020
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE 2021) se presenta en un contexto político y social sin precedentes. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha traído consigo una crisis económica y política que obliga a pensar en unos presupuestos de recuperación y reconstrucción centrados en la infancia.
Desde UNICEF España llevamos años haciéndonos eco de las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño hizo a España en 2018 en relación a la necesidad de visibilizar y evaluar los recursos públicos destinados a la infancia, para así mejorar su eficacia.
Con este fin, elaboramos una propuesta metodológica para la medición de la inversión presupuestaria en infancia que hemos aplicado al proyecto de PGE 2021 presentado. Para contar con elementos de comparación, nos servimos de la aplicación que hicimos en su momento de la mencionada herramienta a los PGE 2018, obteniendo así cierta perspectiva sobre dónde y cómo los recursos públicos están destinados a la infancia.
PGE 2021: más gasto social y en infancia en un entorno de crisis
Aplaudimos el aumento comparativo del gasto estricto en infancia en aproximadamente un 24,7% en los PGE 2021, respecto a los correspondientes de 2018. Es especialmente interesante el incremento de un 114% en la partida presupuestaria sobre protección familiar e infantil, la subida de un 17,1% de las prestaciones sociales, y un aumento de un 13,9% en educación y un 41,6% en prestaciones por desempleo.
Con una tasa de pobreza infantil del 27,4% ya antes de la crisis y una media de inversión en infancia muy baja en comparación a los países europeos con respecto al PIB (España destina solo un 1,3% de su PIB a la familia y la infancia), es una noticia positiva que los programas y partidas que mayores incrementos han registrado son aquellas destinadas a paliar las situaciones de hogares con menores en pobreza y exclusión social, protección de menores en situación de riesgo, así como las prestaciones por desempleo que, en su conjunto, también tienen como meta amortiguar situaciones de carencia temporal de rentas que experimentan los hogares.
Sin embargo, también llamamos la atención sobre la reducción en un 11,6% de la partida destinada a la prestación por hijo a cargo (PHC) -dado que queda diluida en los fondos destinados a la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)-, para la cual se han presupuestado 1.402 millones de euros y que en su diseño concede gran relevancia a la presencia de menores de edad entre los hogares beneficiarios. Según nuestros cálculos, el coste presupuestario de introducir una PHC focalizada de 97 euros al mes con un umbral de ingresos de 20.000 euros, sería de 2.300 millones y un instrumento muy eficaz en la reducción de la pobreza infantil.
Por último, la Garantía Infantil Europea, una iniciativa en fase de diseño liderada por la Comisión Europea y UNICEF para abordar la pobreza infantil y la exclusión social en Europa, debe ser tenida en cuenta a la hora de elaborar las políticas estratégicas para la reducción de la pobreza infantil y su correspondiente gasto, ya que parte de los fondos del Fondo Social Europeo + que recibirá España irán destinados a este objetivo de reducción de la pobreza infantil.
Se aprecian pues avances en la buena dirección. No obstante, ¿será este esfuerzo suficiente para amortiguar el esperado incremento de las dificultades de las familias con niños como consecuencia de los efectos sanitarios y económicos de la actual pandemia por COVID-19?