UNICEF DENUNCIA QUE LA POLÍTICA DE MANO DURA DEL GOBIERNO PANAMEÑO VIOLA LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
La Oficina Regional de UNICEF para América Latina y Caribe ha manifestado su firme oposición a las modificaciones que el Gobierno de Panamá pretende realizar a la ley sobre Responsabilidad Penal de la Adolescencia
Esta modificación se opone a los principios que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada y ratificada por la República de Panamá en 1990, cuando trata de equiparar el sistema de justicia penal para adultos y la justicia penal adolescente.
La intención de penalizar y tratar a los adolescentes infractores “como si fueranadultos” es una flagrante violación a la letra y el espíritu de la Convención (concretamente los artículos 37 y 40).
“La CDN y UNICEF no están de acuerdo con una política de mano dura, ni de mano blanda, pero sí con una política de mano justa y sabia. El Estado y la sociedad panameña tienen el deber de garantizar el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes para que conjuntamente con los adultos contribuyan al futuro del país con democracia y justicia para todos”, dijo el Director Regional de UNICEF, Nils Kastberg.
Además, el propio Gobierno de Panamá ha reconocido que la delincuencia juvenil noconstituye un problema serio en su país ya que la mayor parte de los crímenes son cometidos por adultos.
Según estadísticas oficiales, de cada 10 delitos, 9 son cometidos por adultos y sólo uno por adolescentes. En el caso de delitos graves (homicidio, violación, secuestro, tráfico ilícito de drogas, robo y lesiones personales) de cada 100 delitos, 98 son cometidos por adultos y solamente 2 por adolescentes .
Estas cifras no responden por lo tanto a una espiral ascendente de delitos perpetrados por adolescentes sino a una estigmatización y criminalización de los mismos.
Según la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados deben contar con un sistema de justicia especializado, flexible y diverso para juzgar a personas menores de 18 años.
Su razón de ser está en que el/la adolescente es una persona en desarrollo que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en la que vive.
En este sentido, lo que verdaderamente caracteriza el derecho penal adolescente es la finalidad educativa y sancionadora, recurriendo a la privación de libertad como último recurso y buscando siempre la reinserción social del adolescente.
Medidas como el aumento de las penas hasta 20 años de cárcel, además de violar los derechos de los adolescentes panameños, no solucionará el problema de violencia que quiere enfrentar el país.
La violencia y la criminalidad están estrechamente ligadas a la inequidad, la exclusión social y la falta de oportunidades. Es imperativo que las políticas públicas sociales resuelvan las causas que originan estos actos delictivos y atacar de esta forma la raíz del problema de violencia que vive tanto la República de Panamá como el resto de la región centroamericana.