Proteger a la infancia frente a la violencia es responsabilidad de todos

Se aprueba en el Congreso la nueva Ley de Protección de la Infancia.

Una niña camina de la mano de su familia.

20/05/2021

Dice un proverbio africano que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y si queremos que nuestros niños y niñas estén protegidos frente al abuso y la violencia, vamos a necesitar también la implicación de toda la ‘tribu’, de toda la comunidad, de toda la sociedad.

Y es que, si en algo quiere insistir esta nueva Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia, aprobada hoy en el Congreso, es que la violencia que sufren muchos niños y niñas nos compete a todos, cada uno desde su responsabilidad y su entorno.

Ya no podremos decir –como ya no lo hacemos cuando se trata de la violencia de género- que los asuntos de los niños son de ámbito privado y ahí deben quedar, o incluso que son cosas de niños. Evitar que un niño o niña sea víctima de abuso o violencia no es una cuestión que atañe solo a los padres, madres o maestros, debe apelar a todos y cada uno de nosotros. Los niños son un bien social y su protección debe ser una responsabilidad compartida.

Una ley que no tolera la violencia en ninguna de sus formas

Han sido años de debatir propuestas para que el texto incluyera las formas de violencia que más nos preocupan. Reuniones para fijar cuáles serían las mejores formas de prevenir y detectar los abusos y malos tratos que, desafortunadamente, pueden escapar fácilmente a nuestras miradas si no estamos atentos.

Y en todos estos años, siempre hemos estado de acuerdo en la oportunidad única que supone tener este paraguas legal que hoy es una realidad; en el paso adelante que supone tener una ley que no tolera la violencia contra la infancia en ninguna de sus formas, ni por ninguno de los actores que tienen poder de decisión en las vidas de los niños.

Hoy estamos orgullosos porque lo hemos conseguido. Estamos orgullosos porque esta ley, pionera, hace un llamamiento a no mirar para otro lado y a dejar de percibir ciertas formas de abusos o violencia como cuestiones privadas donde no se cuestiona lo que hace el adulto. Ya no vamos a poder ignorar los castigos humillantes en clase o en el entrenamiento, la disciplina física en casa o las relaciones afectivas entre un adolescente y quien tiene una situación de superioridad sobre él, por edad o contexto.

Alienación parental y ampliación de prescripción de delitos

Para las familias, las madres y padres, y la sociedad en general, la ley también habrá ocupado conversaciones a la salida del colegio, en la terraza del bar o en casa. Probablemente haya desatado preocupaciones por algunos de sus aspectos más mediáticos como la ampliación del plazo de prescripción de determinados delitos, como los abusos o agresiones, necesario para dar tiempo a la víctima a procesar los hechos y prepararse para la denuncia.

O algún otro más controvertido, como qué significa realmente la nueva figura del Coordinador de Bienestar y Protección, que será obligatoria en todos los centros educativos; o qué tratamiento y credibilidad se le está dando al llamado Síndrome de alienación parental, que invalida las declaraciones de los niños y niñas por considerar que están manipulados por alguno de sus progenitores.

Y es que esta ley, y todo lo que implica, es de absoluto interés para quienes tengan un niño o niña a su cuidado, y me atrevería a decir que para todos los que formamos parte de esta sociedad. Los hijos son hijos de sus padres, pero también están al cuidado de sus maestros, sus entrenadores, sus tíos, abuelos e incluso vecinos. Y el objetivo último es que la infancia esté protegida en sus entornos más cotidianos (escuela, actividades de ocio y deportivas, las redes sociales y la familia). Para ello, todos y todas debemos comprometernos y sentirnos apelados ante una situación de violencia o abuso a un menor.

Es más, ahora podremos informarnos en el colegio al que van nuestros hijos, o en los lugares donde entrenan, si se están cumpliendo las medidas obligatorias que la ley establece; y si no es así, solicitar que las tomen. Que haya una política clara de salvaguarda infantil y protocolos, un compromiso por parte del centro o entidad por construir un entorno seguro para la infancia, y figuras concretas (Coordinadores o Delegados de Protección) formadas y capacitadas para identificar y tratar situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los niños y niñas.

¿Por qué una ley exclusivamente para niños y niñas?

Os podréis preguntar si era necesaria una ley específica sobre este tema. Y es legítimo. Muchos podréis pensar, ¿no es suficiente con las normas que ya tenemos? ¿Y por qué exclusivamente para niños y niñas?

Y aquí, nos remitimos a las cifras. Unos números que indican que lamentablemente los datos sobre violencia no paran de aumentar, aunque solo contamos con cifras recogidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el año 2019 se contabilizaron 5.408 delitos de malos tratos en el ámbito familiar hacia niños, niñas y adolescentes, frente a los 5.097 de 2018 y los 4.240 de 20171. [1]

La mitad de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual son menores de edad. En 2019 se presentaron 5.890 denuncias por este tipo de delitos hacia niños y niñas; en 2018 fueron 5.376, y 4.542 en 2017. [2]

La situación es similar cuando hablamos del acoso escolar y del ciberacoso, tenemos mucha dificultad para obtener datos. Entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 el Ministerio de Educación recibió 12.799 llamadas al teléfono contra el acoso escolar. En 5.557 de ellas se detectaron posibles casos de bullying.

Sin olvidar, como ya contamos en su día, cuántos bofetones, tocamientos y humillaciones quedan sin contabilizar. El niño es sujeto de derechos como cualquiera, pero para que esos derechos se cumplan, necesita que los adultos facilitemos su acceso a los mismos y asumamos la responsabilidad que a cada uno nos toca.

¿Quién debe denunciar actos de violencia contra los niños?

Hay dos avances significativos en la ley. Por un lado, el cambio de percepción que supone dejar de considerar a la infancia y lo que le sucede como un asunto doméstico o privado, en el que no hay que meterse. Se refuerza el deber de denunciar cualquier situación de abuso o violencia, en especial para aquellos que por su profesión atienden o tienen contacto con niños y niñas.

La protección de la infancia (desde la prevención, identificación y tratamiento) nos compete a todos, y ninguna forma de violencia hacia la infancia es tolerable.

El otro cambio novedoso es el concepto de entorno protector. A partir de ahora, dará igual el lugar donde se produzca la violencia sobre un niño, una niña o un adolescente; los monitores deportivos, profesores, pediatras, policías, etc., deberán ser conscientes de su papel protector y, siguiendo los protocolos que se establezcan y trabajando coordinadamente entre ellos, tendrán que dar una respuesta velando en todo momento por la seguridad y bienestar de los niños.

Además, hay que señalar que la ley introduce modificaciones en nuestro Código Penal y otras leyes relativas a los procesos judiciales. Endurece las penas para ciertos delitos graves cometidos contra la infancia; amplía los plazos de prescripción para que ciertos hechos graves no queden sin juzgar porque haya pasado demasiado tiempo; y establece la necesidad de una única prueba para la instrucción del delito en el caso de los menores de 14 años víctimas o testigos. Así se intenta evitar su revictimización, sin repetir -y por tanto revivir- su declaración a lo largo incluso de años.

Una ley esperada y necesaria

En UNICEF nos congratulamos por la tan esperada aprobación en el Congreso de la Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia y del cambio cultural que supone esta nueva norma. Felicitamos a los partidos por el amplio consenso y la amplitud de miras para luchar contra la lacra de la violencia contra la infancia y recordamos que es fundamental que se garantice una dotación de presupuesto para acompañar una estrategia eficaz para abordar todas las cuestiones que plantea esta Ley.

Queremos recordar a las niñas, niños y adolescentes que deben pedir ayuda en su casa o en su centro escolar siempre que la necesiten y que nadie tiene derecho a hacerles daño ni a tocarlos si no lo desean.

Y a las familias, equipos docentes, trabajadores sanitarios y a la sociedad en general les animamos a abrir bien los ojos para que no se oculte de ellos ningún tipo de violencia y a empezar a trabajar en equipo cuanto antes, como nos pide la ley, porque así seremos capaces de construir los entornos protectores libres de violencia que los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país necesitan.

Os dejamos una Guía para las familias sobre la Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia donde encontraréis las claves de la nueva legislación, cómo protege a nuestros hijos e hijas y cómo nos hace a todos parte de la solución.

[1] Fuente: Ministerio del Interior. Estadísticas de Criminalidad

[2] Idem

Almudena Olaguibel

Especialista en políticas de infancia de UNICEF España

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    *Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

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