Ley de Protección Jurídica del Menor: los niños serán más tenidos en cuenta con la reforma

Gabriel González Bueno, Responsable de Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español
 
La reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 que recogen los dos anteproyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros es una buena noticia. 
 
La que hace 18 años fue una moderna ley que incorporó a la legislación española gran parte de los principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño necesitaba reformas.
 
Algunos problemas surgidos en su aplicación práctica, los avances en la interpretación y aplicación de los derechos de los niños y niñas y los cambios sociales y familiares acontecidos en este periodo aconsejaban estos cambios, algunos de gran calado.
 
De los muchos ámbitos que abarca la ley, desde UNICEF Comité Español y a la espera de conocer el texto definitivo de los anteproyectos, querríamos destacar algunos.
 
Los cambios propuestos por el Comité de los Derechos del Niños de Naciones Unidas en relación al interés superior del niño y el derecho de los menores de edad a ser escuchados que se incorporan en ellos pueden mejorar muchas cosas. 
 
El interés superior dejará de ser algo indefinido para ser una decisión que se tomará basada en criterios formales y que deberá ser analizado en cada caso, para cada niño.

El derecho de los niños a ser oidos y que su opinión se tenga en cuenta

El derecho de los niños a ser oídos y tenidos en cuenta en las decisiones que les afecten se refuerza también en la reforma, dejando de ser el trámite que en muchas ocasiones se convertía y potenciando la opinión de los niños en ese progresivo camino hacia una ciudadanía más completa y una mayor participación en su propia vida.
 
Los niños serán más y mejor escuchados y su interés será tenido en cuenta de manera más rigurosa.
 
De los muchos ámbitos que comprende la reforma, quizás destacar sólo tres más. El primero es la apuesta decidida por priorizar el acogimiento familiar frente al residencial de los niños tutelados por la administración. Una apuesta que hará que muchos menores que pasan demasiado tiempo fuera de un ambiente familiar (y en especial los más pequeños) puedan volver a estar en él.  
 
El segundo tiene que ver con el incremento de la protección de los niños víctimas de violencia, desde la obligación de los ciudadanos y las autoridades de denunciar los delitos contra los niños de los que se tenga conocimiento, pasando por el alejamiento de los agresores, y hasta la protección efectiva de los que son víctimas directa o indirectas de la violencia de género.
 
Y el tercero es la voluntad de la reforma de mejorar la coordinación y de aclarar responsabilidades de las administraciones respecto a la infancia, en temas tan importantes como, por ejemplo la adopción internacional o la información compartida.  
 
Confiemos en que, con el necesario consenso y las posibles mejoras tras su paso por el Parlamento, y también con el debido apoyo económico y social, esta reforma se convierta en un gran paso adelante para los derechos de los niños y niñas que viven en nuestro país.