Los derechos de la infancia en España a examen

Cuando España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 adquirió el compromiso y la obligación de respetar y promover los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, así como de pasar periódicamente una revisión de su aplicación ante el Comité de los Derechos del Niño. Ahora mismo nos encontramos inmersos en ese proceso, que se da una vez cada cinco años y que finalizará en 2024 con la publicación del documento de Observaciones Finales que emitirá el Comité. 

España está inmersa en el VII Ciclo del procedimiento de informes periódicos ante el Comité de Derechos del Niño, y lo hace a través de un nuevo procedimiento simplificado que incluye cuatro fases.

Primera fase: es la Lista de cuestiones previa a la presentación de informes (LOIPR) y la remisión de esas cuestiones al Estado por parte del Comité. UNICEF ha enviado un documento de aportaciones al Comité de los Derechos del Niño para la Lista de Cuestiones Prioritarias que puede consultarse a continuación.

Segunda fase: es la presentación del informe que el Estado español tiene que remitir al Comité en el plazo de un año (hasta principios de 2024). Este informe debe incluir dos documentos:
• Las respuestas del Estado a la LOIPR. 
• El Documento Básico Común, que contiene información general sobre el Estado en todo lo referente a la protección de los derechos de la infancia. España ya actualizó este documento en 2019, por lo que previsiblemente no deba modificarlo.

Tercera fase: es la relativa a la participación de las partes interesadas - entidades del tercer sector, organizaciones de infancia, niños niñas y adolescentes- mediante informes alternativos o complementarios que aporten nuevas evidencias de cara a la evaluación final por parte del Comité.

UNICEF, como organismo garante del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con el resto de partes interesadas, está invitado a realizar esas aportaciones que se complementan con la participación activa en las sesiones previas que organiza el Comité en Ginebra y que sirven para preparar la última fase.

Cuarta fase: es la sesión presencial en la que el Estado comparece y dialoga sobre todas las cuestiones planteadas y también otras que puedan surgir. A partir de ahí, el Comité de los Derechos del Niño elabora las Observaciones Finales que el Estado deberá tener en cuenta a la hora de poner en marcha políticas relacionadas con la infancia en los próximos cinco años, es decir, hasta que se inicie de nuevo todo el proceso.

Preocupaciones sobre el cumplimiento de los derechos de la infancia en España

Desde UNICEF hemos identificado las asignaturas pendientes en las que tenemos que avanzar para mejorar el cumplimiento de los derechos de los niños en nuestro país. Esa información la hemos recopilado en la Lista de Cuestiones Prioritarias que enviamos al Comité de los Derechos del Niño a finales de 2022. A continuación, destacamos algunos aspectos prioritarios:   

1. España sigue manteniendo altos niveles de pobreza infantil. Se debe abordar la elevada tasa de niños y niñas que sufren pobreza o que están en riesgo de exclusión social, fundamentalmente a través de la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional sobre la Garantía Infantil Europea, en coordinación con las CCAA, y realizando un seguimiento exhaustivo de la implementación de esta política así como una evaluación de su ejecución. En este ámbito es clave la próxima aprobación de la Ley de Familias, concretamente la deducción por maternidad, que debería abarcar a todas las mujeres con hijos menores de tres años independientemente de su situación laboral y mujeres que pueden no reunir los requisitos para acceder al complemento por hijo del Ingreso Mínimo Vital. Además, pedimos que se amplíe la deducción hasta los 6 años y que se refleje el compromiso expreso de ampliar progresivamente el rango de edad que da derecho a la deducción hasta los 18 años. Por otro lado, hacemos un especial énfasis en la implementación de permisos parentales remunerados, que apoyen e involucren a los padres en el cuidado de sus hijos e hijas. 
2. Universalizar el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, para que todas las familias que lo deseen y lo necesiten puedan escolarizar a sus hijos e hijas. Actualmente más de 6 de cada 10 niños y niñas no tienen acceso al primer ciclo de la escuela infantil, persistiendo una gran brecha social y territorial en el acceso a esta etapa de escolarización.
3. La participación de niños, niñas y adolescentes es un elemento clave para el ejercicio de su ciudadanía, además de ser uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, y debe potenciarse independientemente de las circunstancias. Pedimos que se sigan implementando medidas que permitan que niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la participación, mediante el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia, así como a través del resto de órganos autonómicos y locales. Es necesario dar a conocer los espacios y hacer rendición de cuentas para conocer el impacto real de esa participación. Pedimos, además, que se eliminen los criterios de edad respecto al derecho a ser escuchado. Y finalmente, una especial atención a que se escuchen las voces de los niños y niñas migrantes y refugiados.
4. En cuanto a los derechos digitales para niños y niñas, y siguiendo las recomendaciones del Comité en la Observación General número 25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, recordamos que los Estados tienen la obligación de generar normativas, programas y mecanismos de protección ante las nuevas y cada vez más patentes formas de vulneraciones sobre los derechos de la infancia que se derivan del uso de la Tecnología. Asimismo hay que incrementar las intervenciones dedicadas al desarrollo de las competencias digitales en el ámbito educativo dirigida a alumnado, docentes y familias, así como fomentar y facilitar la participación infantil también en el entorno digital.
5. En relación al sector empresarial, es importante aprobar legislación relacionada con la debida diligencia de las empresas que incluya de manera específica los derechos de la infancia. Además hay que empujar para que la futura directiva europea en este ámbito los contemple con el objetivo de prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos potenciales y reales en la infancia, de sus operaciones y a lo largo de sus cadenas de suministro globales.
6. A pesar de los grandes avances que ha supuesto la LOPIVI en España, hay algunos asuntos clave que deben trabajarse de forma prioritaria para que los objetivos de la ley se cumplan. Entre ellos, la coordinación entre instituciones, los programas de apoyo a las familias y de prevención de la violencia y la necesaria sensibilización de toda la sociedad sobre la realidad de esta violencia y el papel que todos tienen en prevenirla y detectarla. Preocupan especialmente los niños y niñas de 0 a 3 años y conocer cómo se va a aplicar la Ley en los entornos donde viven, es decir, en las familias y en centros de guarda. También es necesario dar pasos para tener un sistema de justicia adaptado a la infancia, con profesionales especializados y formados para evitar, entre otras cuestiones, la revictimización de niños y niñas
7. La infancia migrante se suele enfrentar a barreras para acceder a sus derechos sociales básicos, entre los que destacan el derecho a la educación o la insuficiente atención a la salud mental. Los que llegan solos a España sufren la estigmatización por parte de algunos movimientos políticos y se enfrentan al riesgo de una devolución automática o una repatriación sin garantías. Desde UNICEF pedimos, entre otras cuestiones, que se elabore un nuevo procedimiento de determinación de la edad, respetuoso con el interés superior del niño, y la posibilidad de revertir la decisión en caso de nueva documentación.
8. Finalizamos este repaso hablando de salud mental. Aunque se han dado pasos para tener una política nacional de salud mental de infancia y adolescencia, los datos existentes apuntan a un aumento de los niños, niñas y adolescentes que ven afectada su salud mental por los distintos efectos de la pandemia. Es necesario implementar eficazmente la Estrategia Nacional de Salud Mental, con un capítulo específico sobre infancia y adolescencia, poniendo especial foco en prevenir, promover y atender las necesidades en cuanto a la salud mental de los niños y niñas, así como poner en marcha recursos para la parentalidad positiva.