Inmigración e infancia en España

© Toni Sánchez Poi

Los menores de origen inmigrante que llegan o han nacido en nuestro país se enfrentan, en ocasiones, a situaciones de riesgo social y vulnerabilidad. Sus derechos están recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y España, como Estado Parte de este tratado internacional, debe garantizar que el acceso a los derechos de estos niños, niñas y adolescentes sea una realidad.

Las situaciones a las que se enfrenta este colectivo son múltiples, ya que responden a un conjunto de factores que inciden de manera muy diferente en cada menor (país de origen, forma de llegada, idioma, edad, situación familiar, contexto socioeconómico, etc.) Sin embargo, a grandes rasgos, podemos distinguir dos realidades muy diferentes entre los niños envueltos en el fenómeno migratorio: el de los menores extranjeros no acompañados y el de los hijos de familias inmigrantes en España.

Menores extranjeros no acompañados

"Los Estados Partes respetaran los derechos enunciados en la presente Convención y aseguraran su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquiera otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales."

Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 2.1

Los menores extranjeros no acompañados son los niños y adolescentes menores de 18 años que emigran fuera del país de origen solos o separados de ambos padres, tutor legal o persona que por ley o costumbre les tuviera a su cargo. También entran en este grupo los que, habiendo viajado acompañados, por alguna circunstancia acaban solos o no son atendidos adecuadamente. Son menores que carecen de la protección más básica de un entorno familiar.

Según datos del año 2007 contenidos en el informe Ni ilegales ni invisibles. Realidad jurídica y social de los menores extranjeros en España, el número de emenores no acompañados en nuestro país se puede estimar en 6.475. Pero, teniendo en cuenta  la ausencia de estadísticas a nivel nacional y la movilidad de estos adolescentes entre comunidades autónomas, este dato no se puede tomar como exacto.

De hecho, esta cifra no incluye a los menores denominados "invisibles": niños viviendo en la calle, trabajando en el servicio doméstico en casas de compatriotas o envueltos en las mafias de explotación sexual. Esto significa que algunos de los niños que sufren las vulneraciones más graves de derechos están fuera de las estadísticas. La carencia de datos dificulta la posibilidad de prestarles la ayuda que necesitan.

Pese a que la CDN es muy clara al respecto, en el tratamiento que se da a estos menores muchas veces prima su condición de extranjero antes que la de menor de edad. Tanto las leyes internacionales como las nacionales reconocen el especial tratamiento y protección que deben recibir todos los menores de edad, sea cual sea su condición.

Hijos de familias migrantes

"Los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares."

Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 2.2

Aunque de forma menos grave, algo parecido ocurre con el colectivo de hijos de familias inmigrantes en España. Muchas veces se les considera "inmigrantes económicos", sin tener en cuenta factores como el tiempo de permanencia en nuestro país (algunos niños incluso han nacido en España) ni sus propias expectativas como ciudadanos.

El último informe que UNICEF Comité Español, junto a la Fundación Peré Tarrés, ha presentado sobre este tema es una llamada de atención sobre los factores de riesgo social a los que se enfrentan los niños y adolescentes de familias inmigradas, sobre todo aquellos cuyas familias se encuentran en situación administrativa irregular. En palabras de las autoras del informe, "esta investigación quiere denunciar la falta de oportunidades que tiene este colectivo y la vulneración de sus derechos. Quiere visibilizar las desigualdades que padecen para 'repensar' nuestro estado de bienestar. Sólo participando todos podremos construir una cohesión social verdadera y duradera".

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