Dado su nombre poco amigable, podría parecer un nuevo trámite burocrático de los organismos internacionales, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un paso de gigante para que los derechos de los niños se igualen a los de los adultos: el nuevo protocolo permite presentar denuncias individuales o colectivas por violaciones específicas de estos derechos.
Incluso permite al órgano de vigilancia (el Comité de los Derechos del Niño) actuar de oficio en casos graves, pudiendo realizar recomendaciones urgentes a los países sin tener que esperar como hasta ahora un largo proceso de informes periódicos que en teoría se produce cada cinco años y en la práctica se alarga mucho más allá.
Hasta el momento, la Convención sobre los Derechos del Niño contaba ya con dos Protocolos Facultativos, pero se referían a aspectos muy concretos (niños soldado y prostitución infantil). Este nuevo instrumento va mucho más allá y atiende cualquier situación que pueda afectar a cualquier niño, en cualquier país del mundo.
Aunque todavía está por redactar el reglamento que regule este tercer Protocolo, uno de sus principios es que los niños y niñas puedan, acompañados por adultos o por asociaciones, presentar sus quejas, mediante un proceso adaptado para ellos. Se promueven así dos de los principios básicos de la Convención: la participación infantil y el interés superior del niño.
En la práctica, esto podría suponer por ejemplo que se podrán presentar denuncias ante el Comité en casos de ataques masivos contra población civil que estén afectando a menores de edad. Pero también, sin irnos a situaciones tan extremas, se podría recurrir al Comité en un país en el que la justicia sistemáticamente niegue el derecho de los niños a ser escuchados en los procesos que les afecten (el caso más claro es el de la decisión de la custodia en los procesos de divorcio).
El nuevo protocolo se abre a la firma de los Estados mañana 28 de febrero y todo apunta a que el gobierno español será uno de los primeros en hacerlo, después de que el Consejo de Ministros diese su autorización el pasado viernes. De hecho, España fue uno de los 40 estados que impulsaron la redacción de este tercer protocolo, por lo que es de esperar que pasemos en breve a estar en la lista de las diez ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.
Así lo reclaman las entidades agrupadas en la Plataforma de Organizaciones de Infancia, algunas de las cuales han estado particularmente activas en este proceso y sin duda perseguirán en sede parlamentaria su ratificación.
Obviamente, el día a día de los millones de niños que cada día ven vulnerados sus derechos no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero contar con esta herramienta supone un gran paso, no solo (que también) en lo simbólico, sino por las posibilidades prácticas que se abren y que esperemos pronto se empiecen a hacer realidad.
