LA CONVENCIÓN EN ESPAÑA
Nuestro país fue uno de los primeros en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niños, lo hizo en diciembre de 1990. Así mismo, los tratados internacionales de protección de los niños y niñas están reconocidos por la Constitución Española. Por lo tanto, la Convención forma parte de las leyes de nuestro país.
La Convención ha supuesto grandes cambios en otras leyes sobre infancia en este país, un ejemplo es la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 que regula la protección de los niños y niñas maltratados o desatendidos y modifica el Código Civil, primando el interés superior de cada niño o niña sobre otras consideraciones.
Como en la mayoría de los países industrializados, los indicadores básicos de infancia que maneja UNICEF sobre España se encuentran entre los mejores del mundo, con una tasa de mortalidad infantil de los menores de 5 años de 5 por mil, una esperanza de vida la nacer de 80 años y una tasa de escolarización en primaria del 100% (Fuente: Estado Mundial de la Infancia 2006).
Los indicadores generales positivos no implican que los derechos de los niños y niñas se cumplan completamente en este país. El Comité de Derechos del Niño que es el órgano de Naciones Unidas que vigila la aplicación de la Convención, ha mostrado su inquietud del Comité por algunas carencias y amenazas a la plena aplicación de la CDN, por ejemplo: en el tema de menores no acompañados, de la psiquiatría infantil, la explotación sexual infantil, la violencia contra y entre los menores, respecto al consumo de drogas, de los embarazos adolescentes, o de la identificación y dotación de recursos para la infancia. Los niños siguen siendo en nuestro país el grupo de población más vulnerable a la violencia y a la pobreza.
Uno de los principios fundamentales de la Convención, el derecho a la participación infantil, es aún el gran desconocido por las instituciones y las familias. Aunque se reconocen avances, es un área de trabajo de la aplicación de la Convención donde queda mucho aún por hacer.
En otros casos las demandas sociales, como la de la protección de los niños y niñas respecto a contenidos nocivos en los medios de comunicación y de ocio (TV, Internet, videojuegos...) está dando resultados positivos que es necesario respaldar y afirmar.